Justamente, en su Memoria 2006-2010, dicha comisión afirma que “la implementación del Plan Integral de Reparaciones se impulsó en el gobierno del presidente García mediante la transferencia de la CMAN al despacho del presidente del Consejo de Ministros, la asignación de recursos presupuestales para la puesta en marcha del Programa de Reparaciones Colectivas y la instalación del Consejo de Reparaciones, encargado de identificar a las víctimas y a los beneficiarios individuales y colectivos mediante la implementación del Registro Único de Víctimas”2.

Si bien hemos visto que la Comisión sí ejecutó acciones en el tema de las reparaciones colectivas, su proceder, en el caso de las reparaciones económicas individuales, más bien ha generado el rechazo y las críticas de las organizaciones de víctimas que reclaman no haber tomado en cuenta sus propuestas y las de los organismos de sociedad civil que venían participando en la Comisión, quienes tampoco fueron informados. En los otros programas de reparación, que cubren aspectos como salud, educación, derechos ciudadanos, no ha habido avances sustantivos; a ello se ha sumado la falta de coordinación con los demás sectores involucrados para cumplir con el mandato de reparar.

Sin embargo, hemos encontrado algunas iniciativas de estos sectores involucrados que se han realizado sin el seguimiento o impulso de la CMAN; en algunos casos con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, de la Defensoría del Pueblo, etc. que han ido incidiendo en estos aspectos; por ejemplo, la restitución del derecho a la identidad, con apoyo del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC), las reparaciones en salud mental y las reparaciones simbólicas, las cuales presentamos en este documento.

Finalmente,  presentamos algunas  propuestas,  partiendo de lo  que estipula la norma, y las políticas que tiene que cumplir cada sector para que puedan hacerse efectivas las reparaciones a las víctimas.