Este artículo sostiene que la exclusión de los casos de esterilización forzada de la investigación y del Informe Final de la Comisión de la Verdad borra, de hecho, la responsabilidad del Estado, y reduce notablemente las posibilidades de justicia y reparación para las mujeres víctimas-sobrevivientes de la violencia auspiciada por el Estado en el Perú. En un contexto de profundas divisiones culturales y económicas y conflictos violentos, este artículo narra cómo los prestadores de salud violaron los derechos reproductivos de las mujeres peruanas esterilizando mujeres indígenas quechuahablantes de bajos ingresos sin consentimiento informado, a través del Programa de Planificación Familiar del . Estado. Refuta las razones esgrimidas por los mismos Comisionados para excluir estos casos de la nvestigación y el Informe Final de la Comisión, y examina

también los efectos de estas omisiones. Además, este artículo sostiene que estas injusticias reproductivas sistemáticas constituyen un acto de genocidio; propone

una investigación independiente y recomienda investigaciones e informes finales más inclusivos a futuras comisiones de la verdad cuyas metas incluyan la verdad, la rendición de cuentas y la justicia para todas las víctimas-sobrevivientes de la violencia auspiciada por el Estado. Hacer frente a estas violaciones sistemáticas

de los derechos humanos fundamentales de las mujeres peruanas es particularmente importante hoy en día, en que el Estado procesa al ex presidente Alberto Kenya Fujimori, participante y presunto responsable de actos y omisiones violatorios de los derechos humanos fundamentales de los peruanos durante el

conflicto armado interno. Los dirigentes responsables de la esterilización forzada de más de 200.000 mujeres peruanas, incluido Fujimori, deben rendir cuentas por

las violaciones del pasado, a fin de realizar plenamente la futura reconciliación y justicia en el Perú.