El presente informe es el resultado de las averiguaciones de Amnistía Internacional respecto a las desapariciones, torturas y la matanza de presos políticos llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad del Perú durante y después de los motines habidos en tres de las prisiones de alta seguridad del Perú en junio de 1986. Con fundamento en dichos resultados Amnistía Internacional ha concluido que, inicialmente el Presidente de la República Alan García Pérez hizo declaraciones publicas y contribuyo a revelar la ejecución sumaria de cuando menos 100 de los reclusos en una de las prisiones de referencia, desde entonces ha habido un deliberado encubrimiento de los hechos, tanto por parte de las autoridades civiles como de las militares, tendiente a ocultar las notorias violaciones de los derechos humanos que tuvieron lugar durante los incidentes y que posiblemente continúen.

Los motines penitenciarios comenzaron en forma concertada en la madrugada del 18 de Junio, siendo encabezados por presos pertenecientes al movimiento guerrillero Sendero Luminoso. Se desarrollaron en un sector de la cárcel de Lurigancho, en el “Pabellón Azul” de la isla penal de El Frontón, a 10 kilómetros del puerto del Callao; y en la cárcel de mujeres “Santa Bárbara” en el Callao. Más de 350 presos estuvieron involucrados en los motines, algunos de ellos eran considerados como presos de conciencia.