Desde 1992, Amnistía Internacional ha documentado como mínimo 900 casos de peruanos que reivindican su inocencia insistiendo en que han sido justamente acusados de terrorismo. De estos la organización ha adoptado a 122 como “presos de conciencia”, ya que son personas privadas de libertad por motivos políticos, sin haber recurrido a la violencia o propugnado su uso, y a quienes se han imputado acciones que los vinculan falsamente con grupos alzados en armas. Pero esta cifra no representa sino una pequeña fracción del probable total de presos de conciencia del Perú. En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el Perú, publicado a principios de este año, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) afirma que entre mayo de 1992 y diciembre de 1995 “el grupo de organismos vinculados a la CNDDHH ha tenido 1390 casos de personas injustamente involucradas en delitos de terrorismo y traición a la patria. De ellas, 760 están libres luego de haber atravesado por un doloroso  periodo en la cárcel y no han recibido reparación alguna por la injusticia que el Estado cometió. Hasta diciembre de 1995, 607 personas continuaban detenidas y 23 estaban en calidad de reos ausentes