Una tarde de 1992 llegó a mis manos un documento de la Asociación Pro derechos Humanos (APRODEH) que daba cuenta de la desaparición de un profesor y nueve estudiantes de la Universidad de Educación de La Cantuta. Era una de las innumerables notas que llegaban al diario “La República”. De primera intención fue algo extraño que a pesar de la trascendencia del hecho, el caso no merecía la atención de las  autoridades del gobierno ni de los sectores políticos.

El caso tampoco tuvo el seguimiento periodístico que merecía pese a que se trataba del secuestro más importante producido en la capital del país. Eran meses en que las desapariciones eran noticia común, los peruanos estábamos atrapados por la vorágine de la violencia. Después de aquella tarde le perdí la pista al caso, solo recuerdo que alguien me contó que se presumía que los desaparecidos estaban ligados a Sendero Luminoso.

Las investigaciones de periodistas, parlamentarios y militares descontentos, permitieron conocer la actuación de un grupo clandestino que operaba bajo la protección del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), organismo dirigido por el asesor del presidente Fujimori, el ex capitán Vladimiro Montesinos. A pesar de los indicios que señalaban la responsabilidad de los altos mandos del SIN y el Ejercito, ellos jamás fueron sometidos a proceso.