Era un día cualquiera en la sosegada ciudad de San José. Pero ese 30 de mayo de 1999 no habría cesado aun el tañido de la campanilla levantando la audiencia publica en el sobrio recinto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando en las redacciones de la prensa limeña caracterizados voceros políticos hacían correr como reguero de pólvora la noticia que la Corte resolvió invalidar el proceso seguido contra los terroristas chilenos del MRTA en el Consejo Supremo de Justicia Militar que los condenó a cadena perpetua.
Se sucedería de inmediato, con fecha 11 de Junio, una contundente resolución del mas alto tribunal del Fuero Militar peruano declarando “inejecutable” la sentencia de la Corte. El 14 de Junio la Corte Suprema emitió una resolución similar para declarar  “inejecutable” el pago de indemnización en el caso Loayza.