Durante los meses siguientes, Uchuraccay continuó siendo escenario de violencia, muerte y desolación: ciento treinta y cinco comuneros fueron asesinados como consecuencia de los ataques del Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso, la represión de las fuerzas contra subversivas y de las rondas campesinas. A mediados de 1984, Uchuraccay dejó de existir debido a que las familias sobrevivientes huyeron, refugiándose en las comunidades y pueblos cercanos de la sierra y selva de Ayacucho, así como en las ciudades de Huanta, Huamanga y Lima. Recién en octubre de 1993, algunas familias se aventuraron a retornar a sus antiguos pagos.

El asesinato de los periodistas generó dos investigaciones. La primera estuvo a cargo de la Comisión Investigadora de los Sucesos de Uchuraccay nombrada por el presidente Fernando Belaúnde Terry el 2 de febrero de 1983 y presidida por el escritor Mario Vargas Llosa, la cual presentó su informe un mes después, señalando como responsables a los campesinos de Uchuraccay. La segunda investigación fue realizada por el poder judicial, mediante un proceso penal sumamente confuso y dilatado, cuyo fallo definitivo fue emitido el 9 de marzo de 1987, sentenciando por homicidio a los campesinos Dionisio Morales Pérez, Simeón Auccatoma Quispe y Mariano Ccasani Gonzáles, y ordenando la captura de otros catorce campesinos de Uchuraccay.