A partir de 1980 el país padece una grave crisis de inseguridad social y de inestabilidad política, la cual se manifiesta de modo especifico en el desarrollo de grupos subversivos que utilizan la violencia terrorista como medio de potenciar su presencia social. A la fecha, el costo humano del enfrentamiento entre Estado Y Subversión supera las 15,000 víctimas.

Ahora bien, la lucha contra la subversión se ha materializado fundamentalmente a través de estrategias militares y jurídico-penales. Estas últimas a su vez se han implementado desde cuatro variantes:

-Creación de un delito especial que permite sancionar drásticamente los actos de terrorismo.

- Estructuración de un procedimiento especial para la investigación y juzgamiento de los actos de terrorismo.

- Conformación de órganos de control penal especializados para la persecución y presión del delito (DIRCOTE, Fiscalias, Juzgados y Tribunales especiales)

- Aplicación de medidas premiales para quienes se disocien del grupo terrorista o brinden a los órganos de control información acerca de la estructura, operatividad e integrantes de las organizaciones subversivas.