Nunca como hoy la opinión publica ha parecido tan determinante respecto a la necesidad de aplicar medidas contra la violencia social, la crisis y la amenazas de destrucción. Quizás porque la entrevista televisada en la calle y la encuesta de opinión, reemplazan imaginariamente a otras formas de ejercicio democrático, más sólidas y constructivas, en un momento en que la democracia se postergara en nombre de cualquier otra “prioridad”. Como renunciando a ella desde cierto punto de vista, ahora llamado pragmático.
Reclamos airados como el de la pena de muerte, por ejemplo, se convierten así en la expresión de una mayoría cansada de ser tolerante. La desaparición física del otro cobra un carácter profiláctico frente a las inseguridades de un sistema incapaz de garantizar el respeto de sus propias reglas de juego. Exigir la pena capital ante la posibilidad, por ejemplo, de que los detenidos pro terrorismo corrompan las fuerzas policiales y se fuguen, es una manera de exorcizar los temores de cada quien respecto a su personal labilidad.
La promulgación del Decreto Ley 25564, así como la entusiasta acogida al mismo, constituyen una prueba clara de este peligroso fenómeno colectivo.