Comisión de la verdad y reconciliación
La CVR ha concluido que la cifra más probable de víctimas fatales de esas dos décadas supera los 69 mil peruanos y peruanas muertos o desaparecidos a manos de las organizaciones subversivas o por obra de los agentes del Estado- … un doble escándalo: el del asesinato, la desaparición y la tortura masivos y el de la indolencia, la ineptitud y la indiferencia de quienes pudieron impedir esta catástrofe humana y no lo hicieron.
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NOVEDADES

PERIODISMO BAJO TERROR
(Ayacucho en tiempo de Guerra) de Aase Hielde Ediciones del Vicerrectorado Académico UNMSM. 2008. 343 pp.

CONTRA EL SUEÑO DE LOS JUSTOS
(La literatura peruana ante la violencia política) Juan C. Ubilluz, Alexandra Hibbett y Víctor Vich Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2009. 268 pp.

VIOLENCIA Y AUTORITARISMO EN EL PERÚ
(Bajo la sombra de sendero y la dictadura de Fujimori) Jo-Marie Burt Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2009. 429 pp.

LUCHAS LOCALES , COMUNIDADES E IDENTIDADES
Compiladores: Ponciano del Pino y Elizabeth Jelin, Siglo XXI. 2009. 241 pp.

Detalle del Libro
GAMARRA, Ronald.
Requisitoriados: los otros inocentes: análisis y propuestas.
1999
Lima: Instituto de Defensa Legal, 1999, 216 pp.
Biblioteca UNMSM. Biblioteca Central Nivel 1. Código: JC599.P4 .G22
legislación antiterrorista, poder judicial, policía ,desapariciones, violación, tortura, derechos humanos
Resumen:
 

Una de las secuelas más graves y complejas del proceso de violencia política vivida por el Perú es, a decir de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el problema de los miles de personas contra quienes en diversos momentos se dictó mandatos de detención de manera indiscriminada e irregular. Esto es lo que se conoce como el problema de los requisitoriados por terrorismo.

Ciertamente el conjunto de la legislación penal de emergencia mantuvo desde el principio una fuerte tendencia a otorgar mayores atribuciones a la policía para el combate al terrorismo, pero fue el decreto ley 25475 (ley antiterrorista) dictada a los pocos días del golpe Estado de abril de 1992, el que rompió el modelo de legalidad existente e impuso nuevas condiciones para la persecución de este delito.

Como sabemos ello tuvo dramáticas consecuencias no solo para el Estado de derecho, sino sobre todo para ciudadanos inocentes, de carne y hueso, quienes

sufrieron los embates y las arbitrariedades de una legislación diseñada para desconocer y transgredir los derechos fundamentales eliminando todo tipo de

control judicial sobre la actuación de la policía. De hecho, el fenómeno de los inocentes en prisión es la más clara consecuencia de esto.

El resultado de la combinación de una legislación que otorga a la policía la capacidad

de intervención "sin ninguna restricción que estuviera prevista en sus reglamentos institucionales", que elimina los controles jurisdiccionales y la renuncia de los operadores judiciales a cumplir el rol elemental de resguardar los derechos de los investigados o procesados es una violación sistemática de derechos humanos y un desconocimiento absoluto de las más elementales normas del debido proceso.

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